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ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 03 de mayo (apro).- En el marco del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, periodistas chiapanecos se manifestaron hoy para exigir el
esclarecimiento del asesinato de seis periodistas y la desaparición de dos más
en México, así como la derogación del Código Penal, los delitos de difamación y
calumnia “que son manipulados por servidores públicos para coartar la libertad
de expresión”. En el mismo
acto cuatro periodistas chiapaneco iniciaron un ayuno de 24 horas para exigir al
gobernador Pablo Salazar y los 40 diputados locales, deroguen esas reformas
penales que hicieron en febrero del 2004 y se apeguen a los lineamientos
internacionales en materia de protección de libertad de expresión como un
derecho humano universal. Carlos Zeta
Cadena de El Orbe de Tapachula, Ángel Mario Ksherato, Miguel González y Sergio
Melgar, estos tres últimos de Cuarto Poder, empezaron su ayuno al pie del
monumento al doctor, político y periodista, Belisario Domínguez, considerado en
Chiapas mártir de la libertad de expresión. En medio de
la turba de miles maestros que tienen tomada y copada la plaza central de estas
ciudad, decenas de periodistas se dieron cita para recordar este día en que en
todos los países del mundo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
decretado así por la Asamblea General de la ONU en 1993. Además de
exigir la derogación de las reformas penales, los periodistas exigieron el
esclarecimiento de los asesinatos de Roberto Mora García, del periódico El
Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Francisco Javier Ortiz Franco del semanario
Zeta de Tijuana, Baja California; Gregorio Rodríguez Hernández, reportero
gráfico de El Debate de Sinaloa; Francisco Arratia Saldierna, columnista de
Matamoros, Tamaulipas y la desaparición de Leodeogario Aguilera Lucas de la
Revista Mundo de Acapulco, Guerrero. Todos estos ocurridos en el 2004. En lo que va
del año, recordaron que han sido ejecutado, Raúl Romero Gibb, director de La
opinión de Poza Rica, Veracruz y Guadalupe García Escamilla, conductora de un
noticiero radiofónico en Nuevo Laredo Tamaulipas, así como la desaparición de
Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo, Sonora. En el actos
estuvieron presentes miembros del Foro de Periodistas Chiapanecos, Comisión para
Pugnar por la Libertad de Expresión y Libertad de Información-México (LIMAC),
así como decenas de representantes de otros medios de comunicación impresos y
electrónicos. Esta
movilización estuvo coordinada a su vez por otra serie de movilizaciones a lo
largo y ancho del país, en el marco de la
Campaña Ni Uno Más Contra la Violencia a Periodistas y por la
Plena Libertad de Expresión en México, coordinada por el Centro de Periodismo y
Ética Pública (CEPET). A esta misma protesta, este día también organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se pronunciaron a favor de la libertad de prensa y de expresión en Chiapas.
En un comunicado, este organismo dijo que
en sentido contrario de la tendencia nacional e incluso internacional sobre las
salvaguardias al ejercicio de la libertad de prensa, en el estado de Chiapas
esta libertad fundamental se restringe judicialmente, debido a los controles
oficiales que resultaron de las reformas recientes al Código Penal del Estado,
respecto a los tipos penales de Difamación y Calumnia, que propusiera el actual
titular del Ejecutivo del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, que aprobara la
anterior Legislatura del Congreso Estatal, y que cobraran vigencia a partir de
mayo del año pasado. Según el
organismo fundado por el obispo emérito Samuel Ruiiz García, con dichas reformas
penales se incrementa la sanción al tipo penal de Difamación, antes estaban de
tres a cinco años de prisión y multa hasta de setenta y cinco días de salario,
ahora se sancionan de tres a nueve años de prisión y multa de cien a mil días de
salario mínimo vigente, “situaciones que sin lugar a dudas limitan el ejercicio
de la libertad de prensa, pues además ahora, dichas penas pueden aplicarse no
sólo a quien brinda la información presuntamente difamatoria o calumniosa, sino
también a quien suscribe la nota de prensa o el artículo e incluso abriendo la
posibilidad legal de que las sanciones trasciendan al propietario del medio de
comunicación”. Para el Frayba, como
también se le denomina, es oportuno señalar que la difamación en sistemas
democráticos, es un delito de carácter civil. La penalización de la difamación y
la calumnia, es contraria a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de
México y a los compromisos contraídos internacionalmente por el Estado mexicano.
“Como organización civil
dedicada a la vigilancia del respeto de los derechos humanos, subrayamos la
importancia que revisten la libertad de prensa y el derecho fundamental a la
libertad de expresión. Los medios de comunicación libres e independientes, no
sólo actúan como custodios de los derechos humanos y se mantienen vigilantes
contra los abusos de poder, sino que además suministran a los ciudadanos la
información que necesitan para ejercer sus derechos democráticos”, dijo en su
misiva. Por ello exigieron al
gobierno estatal y los legisladores, “abrogar las reformas penales en sus
artículos 164, 169 y 173 Bis, 173 Ter, 173 Quater y demás relacionados, que
atentan contra la libertad de prensa, en concordancia con el derecho
internacional de los Derechos Humanos, y los artículos 6 y 7 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Isaín Mandujano |
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