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Comunicadores denuncian represión en Xalapa

Xalapa, Ver.- (AVC) Un grupo de comunicadores se manifestó éste martes frente a Palacio de Gobierno para denunciar presunta represión a su actividad, luego de haber escrito artículos en donde denunciaban supuestos actos de corrupción de la ahora subsecretaria de Desarrollo Político, María del Carmen Pinete Vargas y por hacer críticas al diputado local priísta Ricardo García Guzmán.

También denunciaron que desde 1959 las agresiones y asesinatos en contra de periodistas de Veracruz han quedado impunes pues nunca se ha detenido a los responsables ni esclarecido los casos.

En rueda de prensa, el periodista Reynaldo Castro Melgarejo, señaló que a raíz de la difusión que hizo el pasado 22 de febrero, en su columna ?Prospectiva Política?, publicada en la página de Internet, Gobernantes.com, de las quejas en contra de María del Carmen Pinete, fue denunciado penalmente, con una ?sorprende agilidad? en su actuación por parte de la Procuraduría de Justicia, pues ya se le giró orden de aprehensión.

Según lo expuesto por Castro Melgarejo, Del Carmen Pinete tiene diversas irregularidades durante su gestión como ex alcaldesa de Tantoyuca y como ex titular del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, en donde supuestamente favoreció ?la venta? de certificados educativos.

Se dijo acosado tanto por Pinete Vargas, quien ahora funge como subsecretaria de Desarrollo Político y por Edgar Herrera Beltrán, hermano del gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien labora como secretario particular.

Otro caso es el de José Luis Gracia Sánchez, autor de las columnas Atisbando y Perfiles Panuquenses, quien el 25 de mayo de 2001 ?se atrevió? a revelar que el Organo de Fiscalización Superior (Orfis), amonestó al entonces Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, ?por lo que 62 funcionarios públicos le publicaron un desplegado metiéndose con su vida personal, a los que el periodista demandó por difamación?.

Sin embargo, la denuncia PAN708/2002 fue archivada por el ministerio público, en cambio, a él si le giraron 5 órdenes de aprehensión, que lo han llevado a estar en tres ocasiones en la cárcel; en la última ocasión tuvo que pagar una fianza de 11 mil pesos que no le ha sido devuelta.

Gracia Sánchez, señaló que debido a su ascendencia en el pasado gobierno de Miguel Alemán Velazco, García Guzmán ?ahora diputado local por Pánuco- ?me echó la batería encima, todo el gobierno y consignas por todos lados y cuando no estaba en la cárcel, tenía a todos los policías frente a mi casa, vigilando a donde iba y estaba, era un acoso terrible, lo que he querido es que se haga justicia, recurría a Procuraduría de Justicia y nunca me contestaron, nomás me tomaron de recibido mis documentos?.

En la protesta también participó, Antonio Contreras Domínguez, quien fue denunciado por presunta difamación en el 2000 por demandar una investigación de Héctor Palma Molina, actualmente secretario particular de la titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Clara Luz Prieto Villegas, a quien señaló de un supuesto enriquecimiento inexplicable.

Por su parte, el Jefe de Información del Diario Imagen, corresponsalía Xalapa y director general del portal Gobernantes.com, exigió que se aplique el estado de derecho en Veracruz y no se coarte la libertad de expresión.

Demandó que se investiguen las agresiones cometidas contra periodistas, ?más allá de compromisos políticos o compromisos con los grupos de poder económico en el estado?.

?Sabemos que detrás de desaparición de periodistas, como Jesús Sandalio Mejía, están fuerzas políticas de Martínez de la Torre involucradas, en el caso de Raúl Gibb no se ha avanzado?.

Dijo que la represión contra comunicadores se ha dado desde 1959 y ninguno ha sido aclarado, ?pues hay un estado de protección a quienes agraden periodistas?.

Casos de agresión a periodistas sin resolverse

El 27 de septiembre de 1959, es asesinato en Minatitlán de Jorge Salinas Aragón, del diario Sotavento de Coatzacoalcos. No aclarado.

1980, Alberto J. Altamirano, periodista de Poza Rica, asesinado a balazos. Caso no resuelto.

1982, Cristóbal Sánchez, periodista de Acayucan, asesinado a balazos, Caso no resuelto.

17 de marzo de 1983, herido el periodista Carlos Velasco Jara por el inspector de policía en Coatzacoalcos y participante de la guerra sucia contra la guerrilla, Gustavo Tarín Chávez. Nunca se castigó al responsable.

31 de mayo de 1983, Javier Juárez Vázquez, director del semanario Primera Plana, de Coatzacoalcos, torturado y acribillado cerca del aeropuerto de Minatitlán. No aclarado.

25 de diciembre de 1983, Salvador Cruz Cervantes, del diario El Mundo de Orizaba, torturado y muerto a balazos. Caso no resuelto.

17 de junio de 1986, David Cárdenas Rueda, periodista del puerto de Veracruz, asesinado a balazos. Caso no resuelto.

1986, Jesús Godoy Mora, periodista del puerto de Veracruz, asesinado a balazos. Caso no resuelto.

21 de abril de 1989, Martín Heredia Aguilar, jefe de la sección de Sociales de El Sol de Córdoba, secuestrado por desconocidos. El periodista nunca apareció.

Enero de 1994, José Tomás Capistrán Ríos, reportero de El Sol del Centro, de Córdoba, lesionado con arma de fuego, secuestrado y amenazado.

25 de noviembre de 1999, Héctor Ramos, corresponsal del Diario de Xalapa, golpeado por denunciar anomalías en el penal de Allende del puerto de Veracruz. No aclarado.

11 de octubre de 2002, muere quemado misteriosamente el periodista José Miranda Virgen, del diario Imagen de Veracruz, después de denunciar que altos funcionarios policiacos estaban involucrados con el narcotráfico.

Julio de 2003, por denunciar en los noticieros de MS Radio de Martínez de la Torre que el presidente del PRI municipal, Alfonso Allegretti Mejía, y el candidato del PRI a la diputación federal Guillermo Zorrilla Fernández, estaban involucrados en el narcotráfico, el día 6, día de las elecciones, fue agredido Gilberto León Báez. El día 7 fue golpeado Roberto Alvarado Rivera, causándole lesiones en la cabeza. El día 13, Jesús Sandalio Lechuga, desapareció después de ver a Allegretti. Casos no aclarados.

Amenazados de muerte, Quirino Moreno Quizá y Mónica Camarena, del diario Milenio El Portal, de Xalapa, por señalar anomalías en el canal de televisión del gobierno del estado; así como la corresponsal de Diario de Xalapa en Papantla, María Elena Ferral, por denunciar anomalías de las policías (tanto municipal como estatal) de Gutiérrez Zamora, Papantla y Poza Rica. Estos tres casos en el sexenio alemanista.

(2000-2004) Reynaldo Escobar Pérez, denunció penalmente a los periodistas Javier Hernández Alpizar y al caricaturista ?El Tlacuilo? por publicar que en el relleno sanitario de Chitoyac se afectaba a la ecología y a la salud de la congregación del mismo nombre.

El 8 de abril del 2005, es asesinado de ocho balazos el director del Diario la Opinión, Raúl Gibb Guerrero, el cual atrajo la PGR, pero que no ha sido resuelto.

www.avcnoticias.com.mx

Oleada de protestas nacionales e internacionales por agresiones a periodistas

Desde hace dos años, organismos internacionales de protección a la libertad de expresión advirtieron al gobierno mexicano que el narcotráfico se había convertido en uno de los principales factores de riesgo para el ejercicio periodístico y una amenaza para la libertad de expresión.

Como nunca se había registrado en el medio periodístico del país, en tan solo la primera semana de abril, se sumaron tres graves atentados contra la libertad de expresión en México. El asesinato de Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, la muerte de Guadalupe García Escamilla, reportera de Estéreo 91, en Nuevo Laredo, quien murió después de haber sufrido un atentado y la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Sonora, desató un cúmulo de protestas nacionales internacionales.

El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos Anders Compás, durante un evento que se llevó a cabo en Culiacán Sinaloa, señaló; las autoridades deben investigar y esclarecer quiénes están detrás de los crímenes y desapariciones. Los ataques a la prensa atentan contra el ejercicio que hace el periodista del derecho y libertad de expresión, lo que es muy grave para la sociedad.

El director general de la Organización de la ONU para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Koichiro Matsuura, en un comunicado dado a conocer en París, Francia; expresó su certeza de que las autoridades (mexicanas) harán todo lo que esté en su mano para hallar a culpables y procesarlo por el crimen de Raúl Gibb lo que supone un grave ataque a la libertad de expresión, esenciales para la democracia y el estado de derecho.

Reporteros sin Fronteras, manifestó su indignación por el asesinato de Raúl Gibb Guerrero, director del diario regional La Opinión, ocurrido el 8 de abril de 2005, en Papantla, Veracruz; la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial en Hermosillo, Sonora y el atentado de la periodista Guadalupe García Escamilla de Estéreo 91 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La organización con sede en Paris, Francia, calificó los tres hechos ocurridos en sólo una semana, como una situación que manifiesta un nuevo deterioro de la libertad de expresión y señaló “la plaga del narcotráfico amenaza directamente la libertad de prensa”, ante este contexto de envergadura nacional, las autoridades federales tienen que reaccionar, luchando contra el crimen organizado y garantizando la protección de los medios de comunicación”.

La Sociedad Interamericana de Prensa SIP, lamentó la muerte de periodistas en México y expresó su confianza de que el gobierno termine con la violencia hacia la prensa y confió en que la atracción a la jurisdicción federal mexicana de los casos sirva para resolverlos “con celeridad y acabar la impunidad”. Precisó “esperamos que el compromiso asumido por el gobierno para garantizar la libertad de prensa se transforme en acciones profundas que sienten un precedente para frenar la violencia identificar a los culpables y aplicar con rigor todo el peso de la ley”, dijo el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La organización, señaló que desde 2002, advirtió al gobierno mexicano sobre los principales riesgos para el periodismo y solicitó a la administración foxista, adecuar la legislación para que los crímenes contra periodistas sean tipificados como delitos federales y que se crean fiscales especiales para esclarecerlo.

Aunado a las protestas nacionales, se pronunciaron numerosas organizaciones, defensoras de la libertad de prensa, de derechos humanos y legisladores.

En un comunicado de prensa, firmado por una docena de organizaciones, la Red Mexicana de Protección a Periodistas, se pronunció en el sentido de que no sólo el crimen organizado se han convertido en una amenaza para los comunicadores, también los funcionarios o servidores públicos que se sienten afectados en sus intereses con la información que publican los periodistas en los medios, destacando las demandas por presunta difamación y los citatorios judiciales para revelar fuentes.

La Red y organizaciones de derechos humanos y gremiales, hicieron un llamado a las autoridades federales y locales a garantizar el trabajo informativo de los periodistas, establecer mecanismos eficaces para la protección de comunicadores. Una investigación pronta y expedita de las agresiones a comunicadores, sería uno de las mejores medidas de protección a la libertad de expresión.

La Red, solicitó al gobierno federal que en apego a los compromisos internacionales de protección a los derechos humanos, cumpla con las recomendaciones que ha recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoria para la Libertad de Expresión, respecto a legislar en materia de libertad de expresión e investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones contra comunicadores, en particular de los asesinatos de periodistas.

Un sinnúmero de medios de comunicación, escritos y electrónicos, calificaron esta situación de recrudecimiento de las agresiones a la libertad de expresión y se hicieron eco del repudio a los asesinatos de periodistas y abrieron sus espacios informativos y programas especiales para repudiar el asesinato de los periodistas.

La declaraciones y reacciones fueron y vinieron en los días posteriores a las agresiones a los periodistas, tal como se ha registrado en otras ocasiones cuando sucede alguna agresión en contra de comunicadores, pero después de unas semanas, el asesinato de un periodista deja de ser noticia para formar parte de la lista de nombres a recordar, que en las investigaciones, no llegan a nada concreto y donde la impunidad, es la única que se mantiene.

El papel de los medios, en la defensa de la libertad de expresión es relevante, son los testigos obligados de mantener informada a la sociedad sobre estas investigaciones pero también deberían ser los principales actores en la demanda por el esclarecimiento de estos crímenes y preocuparse y ocuparse de la seguridad de los periodistas. El asesinato de un periodista, no puede terminar en una noticia más, debe convertirse en una exigencia permanente para el esclarecimiento de su asesinato o desaparición y para combatir la impunidad.

Es realmente preocupante que en lo que va del sexenio del Presidente Vicente Fox, se han registrado catorce asesinatos de comunicadores principalmente en el norte del país, sin que existan avances sustanciales en las investigaciones.

Poco tiempo le queda al gobierno federal para asumir de manera seria su compromiso con la Libertad de Expresión, de lo contrario pasaría como uno gobierno para quien la libertad de prensa, no fue importante.

El Congreso exige garantías a periodistas, la SSP federal anuncia medidas de protección

Los coordinadores parlamentarios de los seis grupos representados en la Cámara de Diputados, condenaron los hechos violentos en contra de comunicadores, y un exhortaron a Fox para que “en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se emita un acuerdo de coordinación para salvaguardar la libertad de expresión y que se diseñe e instrumente un programa de acción de los tres niveles de gobierno para combatir con rigor y todo el peso de la ley a los agresores de periodistas”. Ramón Martín Huerta, titular de la SSP federal, anunció un sistema para proteger a periodistas, tema que dijo la oficina de comunicación social, será tratado en la próxima reunión del Consejo.

Bienvenida la intención de los diputados ante los recientes asesinatos de periodistas, de impulsar las reformas que protejan la libertad de expresión, pero ello no es suficiente. Las iniciativas en este ámbito que se encuentran pendientes para su dictamen, merecen un análisis mayor y abierto hacia los sectores beneficiados, los periodistas, medios y los organismos civiles de protección a la libertad de expresión y que retomen las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Centro de Perodistas de Nueva York.

Los periodistas, ¿deben armarse?. Fue una de las preguntas obligada en los medios a raíz de las declaraciones del titular de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Luis Roberto Gutiérrez Flores, quien sugirió, “los periodistas que hayan sido amenazados podrían tramitar un permiso para portar armas”. La declaración provocó reacciones de rechazo a esta posibilidad. Las opiniones de periodistas coincidieron en señalar; “que la mejor forma de garantizar la seguridad de los periodistas es combatiendo la impunidad en torno a las agresiones”.

El 8 de abril, hacia las 21:30 horas fue asesinado el director del diario La Opinión, que se edita en Poza Rica, Veracruz.

Según las primeras investigaciones, el móvil del asesinato de Raúl Giba, podría estar en la línea crítica y de denuncia del diario que dirigió, La Opinión.

El 20 de abril en un boletín de prensa la Procuraduría General de la República, anunció que con base al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, ejerció la atracción de la averiguación previa PZR-2/2/185/2005, del asesinato del periodista Raúl Giba Guerrero, informó que un equipo de servidores públicos de la delegación estatal en Veracruz analiza el expediente para conocer los avances y elaborar un plan de investigación.

El 16 de abril después de once días de agonía falleció en un hospital la periodista Guadalupe García Escamilla, reportera y locutora de la estación de radio XHNOE Estéreo 01, que se transmite en Nuevo Laredo Tamaulipas. La comunicadora fue objeto de un atentado el 5 de abril en la entrada de las oficinas de la emisora donde calló gravemente herida.

El 20 de abril la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se declaró incompetente para continuar con las investigaciones sobre el homicidio de la comunicadora, Guadalupe García Escamilla, por lo que remitió dicha indagatoria a la PGR, informó Roberto Maldonado Siller, delegado de la dependencia federal. Corresponderá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Especializada. (SIEDO)

La Asociación 7 de junio A.C., denunció la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora, desde el 2 de abril, desde entonces se desconoce su paradero. El periodista que se dedicaba a la redacción de notas sobre el narcotráfico, desapareció cuando se dirigía a entrevistarse con un contacto.

El 20 de abril, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones sobre la desaparición del reportero del periódico El Imparcial. Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Procesos Penales de la PGR, señaló que el encargado de las indagatorias para dar con el paradero de Jiménez Mota, será el titular de la Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos.