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A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial A la sociedad mexicana A los trabajadores de los medios de comunicación
ALTO A LOS CRIMENES, DESAPARICIONES Y AGRESIONES DE PERIODISTAS. ¡NO MÁS IMPUNIDAD!
Ayer se recordó la proclamación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. En México venimos escuchando muchos discursos políticos, pocas acciones y pésimos resultados en este tema que constituye un asunto fundamental para los Estados y gobiernos que se precian de democráticos, como es el caso del nuestro.
Más que avances, en materia de derechos del hombre, diferentes sectores de la sociedad mexicana han venido padeciendo violaciones, abusos y falta de garantías por parte de los entes públicos que, en teoría, deberían ser los garantes y observantes principalísimos de los derechos humanos, específicamente los derechos a la vida y a la libertad de opinión y de expresión.
Como muestra baste estos dolorosos ejemplos: los femicidios de Ciudad Juárez, los asesinatos de Aguas Blancas, los crímenes de Acteal, las torturas y violaciones de San Salvador Atenco , los muy recientes homicidios en Oaxaca y el creciente número de muertes y desapariciones de periodistas en todo el país.
En la mayoría de esos casos, y en varios más, existe un denominador común: la impunidad; y en muchos de ellos el involucramiento, por omisión y/o por acción, de los gobiernos en sus niveles federal, estatal y municipal que, independientemente de su filiación política, han sido y son incapaces de cumplir con sus responsabilidad de garantizar a la población los derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, los trabajadores de los medios de comunicación estamos denunciando la preocupante y alarmante situación que enfrentamos, pues tan solo el pasado mes de noviembre se registraron cuatro asesinatos y una desaparición de periodistas; en este mes, apenas hace tres días, asesinaron a balazos a Raúl Marcial Pérez, periodista del diario El Gráfico, de Oaxaca, su cuerpo fue encontrado con más de 10 balazos en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca de esa entidad. Hoy, México es el país más peligroso para el desempeño periodístico, únicamente detrás de Irak.
El sexenio que recién terminó, el de Vicente Fox Quesada, concluyó con resultados inadmisibles en el ámbito de la protección a la vida de los periodistas y de de las garantías que obligadamente debería habar dado para el ejercicio de su profesión. En ese lapso se registraron 590 casos de agresiones de periodistas y medios de comunicación mexicanos, de los cuales 27 fueron asesinatos y cinco desapariciones aún no aclaradas; además, se presentaron 52 casos de demandas, con 44 periodistas citados a declarar ante autoridades judiciales y 34 detenidos.
En todos los casos, el Estado mexicano incumplió con su deber de velar porque se respetara la vida, la libertad y la seguridad de todos esos comunicadores ultimados, amén de que hasta la fecha ninguna autoridad, con competencia y responsabilidad en la procuración e impartición de justicia, ha castigado a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes.
Los asesinatos, desapariciones y agresiones de periodistas conllevan también una irresponsable violación al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que textualmente señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derechos incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los informes que presenta anualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión, ha hecho reiteradamente al gobierno mexicano diversas recomendaciones tendientes a garantizar la vida de los periodistas y el pleno respeto a su derecho a la libertad de expresión; sin embargo, varias de ellas no fueron cumplidas por la anterior administración, específicamente la que se refiere a la responsabilidad de investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las muertes, desapariciones y agresiones de periodistas.
Ante esta situación, los trabajadores de medios de comunicación de diversas organizaciones, demandamos al actual gobierno:
México, D.F., a 11 de diciembre de 2006
Red Mexicana de Protección a Periodistas Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Centro Nacional de Comunicación Social Fundación Manuel Buendía Reporteros sin Fronteras Revista Zócalo Asociación Mexicana de Radios Comunitarias
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Campaña Ni uno más
Academia Mexicana de Derechos Humanos Centro de Periodismo y Ética Pública Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos Reynosa, Tamps. Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Fundación Manuel Buendía Fundación Prensa y Democracia (Prende) Libertad de Información México (LIMAC) Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP) Revista Zócalo (Proyectos alternativos de Comunicación, D.F.)
Organizaciones Internacionales
PEN Canadá PEN Québec PEN de Estados Unidos PEN de Dinamarca .............................................................. |
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