17 de Febrero, 2006

Al Presidente Vicente Fox

Al Gobernador de Puebla, Mario Marín

Congreso del Estado de Puebla

Al Secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza

Quienes firmamos esta carta, reprobamos y expresamos nuestra protesta por el uso indebido del poder para hostigar y encarcelar a la periodista Lydia Cacho, acusada de difamación en el estado de Puebla. El acusador, Kamel Nacif, ha confirmado públicamente que recibió el apoyo del gobernador del estado, Mario Marín, para que su detención se realizara de manera inmediata y el mismo acusador habría maquinado que la periodista fuese atacada en el interior de la prisión, adonde fue llevada, de acuerdo con las conversaciones telefónicas hechas públicas en los últimos días.

Exigimos que se investiguen los hechos revelados en las conversaciones, que implican al Gobernador del Estado, Marío Marín, como quien aceleró la detención de la periodista y habría aceptado regalos en agradecimiento por ello, tanto como la implicación de Kamel Nacif  en una conspiración para atentar contra la integridad física de la periodista..

Los periodistas mexicanos reconocemos que la grabación de las conversaciones privadas es ilegal y que su filtración debe ser investigada pero los delitos en los que hubiesen incurrido el gobernador de Puebla y Kamel Nacif deben ser igualmente investigados y sancionados de forma ejemplar para que la impunidad no aliente los ataques en contra de periodistas.

Reiteramos al presidente Vicente Fox y los gobiernos estatales, nuestra demanda de que los delitos de difamación sean eliminados de las leyes penales y sean incluidos en las leyes civiles, acorde con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras que en México los delitos de difamación sean de tipo penal, el país estará violando uno de los principios fundamentales de la liberad de expresión.

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